Por Pedro Cornejo Espinoza
El presidente de la República no puede a su arbitrio designar un remplazo para la Vicepresidenta de la República, salvo que se configure la ausencia temporal o definitiva, por tanto, es inconstitucional e ilegal hacerlo cuando ella se encuentra en funciones y no ha sido removida de su cargo de elección popular.
Hablar de la vieja política es precisamente actuar como lo ha venido haciendo el Gobierno Nacional, tratando de deshacerse a toda costa y sin ningún reparo de la Vicepresidenta de la República, para evitar que remplace al primer mandatario durante la campaña electoral.
La Vicepresidenta no ha abandonado su cargo, para que esto proceda debe ser comprobado este hecho por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, conforme lo determina el Art. 145 de la Constitución de la República.
Por cierto, es inaudito que se nombre una Vicepresidenta encargada mientras todavía se encuentra en funciones Verónica Abad, quien fue elegida en las urnas en binomio como Vicepresidenta de la República -nos guste o no-, lo que podría configurarse en usurpación y/o simulación de funciones, al encontrarse dos funcionarias diferentes desempeñándose en el mismo cargo.
Recordarles nada más que el Art. 185 del COA, en su parte final determina que: “… los servidores públicos podrán objetar por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción. Si el superior insiste por escrito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior.”
El Presidente de la República tiene el deber y la obligación legal de solicitar licencia para hacer campaña electoral y que le remplace durante ese periodo la Vicepresidenta en funciones, de no hacerlo incurriría en infracciones electorales graves y muy graves que le podrían acarrear la destitución del cargo y/o la suspensión de los derechos de participación.
Por tanto, no es legal ni legítimo pretender posesionar un discurso de una supuesta conspiración o de un “golpe de Estado”, cuando no se respetan las instituciones democráticas, la separación de poderes y se pisotea a diario la Constitución y la ley. Esto, sin lugar a dudas, no se puede considerar el Nuevo Ecuador.