Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. (Foto Ecuador Inmediato).

“Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo, Fernando Villavicencio”, expresó su esposa, Verónica Sarauz, en torno al crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, a 11 días de las elecciones anticipadas producto de la muerte cruzada decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso.

De acuerdo a muchas versiones coincidentes, el asesinato derivó en la caída de las preferencias electorales que posicionaban a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, como favorita en la elección presidencial, dado que las acusaciones del crimen se enfocaron hacia la RC, beneficiando al actual candidato-presidente, Daniel Noboa.

“No puedo ni debo quedarme callada, más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional, y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política”, sostiene Verónica Sarauz en su publicación en la red X, este martes 8 de abril.

Añade que la fiscal “abusando de la confianza que yo tenía en ella me mintió”, una semana antes de la segunda vuelta de las alecciones pasadas “cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente”.

En la publicación precisa que cuando pudo acceder al testimonio completo “quedé horrorizada, lo que escuché fue una burda mentira, un falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables”.

Asegura que “detrás del asesinato no solo está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador”.

¿Diana Salazar prorrogada?

Mientras tanto, Diana Salazar, quien por mandato constitucional culminó su periodo al frente de la Fiscalía este 8 de abril, ha argumentado en la red X que ante la falta de elección de su reemplazante por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), va a seguir laborando en funciones prorrogadas.

 

Si ello ocurre, sería otra flagrante violación a la Constitución y Diana Salazar sencillamente incurriría en delito de usurpación, advierten varios juristas constitucionalistas.

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