Por Pedro Corneo Calderón
En la actual coyuntura que atraviesa el país, hablar se vuelve urgente. Participar se vuelve necesario. La situación política, social y económica nos interpela a todas y todos, y nos exige no quedarnos al margen. El silencio ya no es una opción. Lo que está en juego no es únicamente el curso de un gobierno, sino la institucionalidad democrática, los derechos ciudadanos, la Constitución y el sentido mismo de lo público.
No estamos viviendo un momento cualquiera. El gobierno de Daniel Noboa ha emprendido una estrategia clara: acaparar todo el poder, debilitando los órganos de control, atacando a la Corte Constitucional, criminalizando la protesta, silenciando voces críticas y utilizando al Estado como herramienta de coerción. Todo esto ocurre mientras se sostiene un relato oficial basado en el miedo, en el odio, en la supuesta guerra contra el narcotráfico, y en la promesa de un orden que no llega. El resultado es el vaciamiento de la política entendida como construcción colectiva.
Este relato se refuerza desde los medios de comunicación afines, donde se presentan las decisiones del Ejecutivo como heroicas y necesarias, aun cuando violen abiertamente la Constitución y los derechos fundamentales. Cualquier voz disidente es tachada de «correísta», y por tanto, sospechosa, peligrosa, y merecedora de persecución. En ese clima, se organizan marchas oficiales con funcionarios públicos bajo amenaza, se movilizan fuerzas del orden como grupos de presión, y se instala la idea de que cuestionar al gobierno es sinónimo de traición o connivencia con el crimen.
Se pretende instaurar una lógica binaria: estás con el gobierno o estás con el enemigo. Pero la realidad es mucho más compleja. Quienes hoy alzamos la voz, no lo hacemos por una bandera política, sino por principios democráticos, por responsabilidad cívica, y por compromiso con el país. La participación ciudadana no es un privilegio ni una concesión del poder, es un derecho que debemos ejercer con firmeza, con argumentos y con solidaridad.
La situación de los servicios públicos es crítica. La salud está colapsada: enfermos de diálisis sin atención, hospitales sin insumos, personal sanitario sin recursos. La educación está abandonada: niños y jóvenes fuera del sistema, docentes sin estabilidad ni condiciones. El empleo público está siendo desmantelado: miles de servidores despedidos, precarización laboral y desprecio por la función pública. Y, sin embargo, se nos sigue vendiendo el relato de que todo es culpa del pasado, mientras el presente se desmorona y el futuro se convierte en una promesa vacía.
No podemos aceptar este relato único. Hay que disputarlo. Hay que decir la verdad: el gobierno no ha dado resultados. Ha tenido leyes, recursos, apoyo institucional, y sin embargo, la violencia crece, el desempleo se mantiene, los derechos retroceden, y las instituciones son debilitadas desde dentro. Debemos exigir respuestas claras: ¿En qué se ha gastado el presupuesto de seguridad? ¿Qué estrategias existen más allá de las armas y el show mediático? ¿Cuál es la situación real de las cárceles? ¿Quién controla realmente esos espacios?
La consulta popular es otra maniobra de distracción. Antes de votar, exigimos conocer los anexos, las implicaciones legales, los verdaderos objetivos. La Corte Constitucional debe pronunciarse, y debe hacerlo libre de presiones. No aceptamos que se la señale como enemiga del pueblo, cuando es precisamente la última barrera para proteger nuestros derechos frente al abuso del poder.
Debemos ser claros: la democracia no se defiende con discursos, se defiende con hechos. Exigimos que el presidente y sus ministros transparenten la información pública: remisiones tributarias, beneficiarios de políticas fiscales, monto de capitales en paraísos fiscales, políticas para reincorporar a los niños fuera del sistema educativo, razones técnicas para los despidos masivos, acciones concretas contra la corrupción hospitalaria. Esas son las respuestas que necesita el país, no shows televisivos ni enemigos imaginarios.
Esta es una invitación abierta: a conversar, debatir, disentir, organizarnos, resistir. No con violencia, sino con firmeza. No desde el miedo, sino desde la esperanza. A activar la solidaridad con quienes más sufren: los enfermos, los desempleados, los jóvenes sin educación, los trabajadores precarizados. La resistencia no es una consigna, es una práctica cotidiana, es la forma en que recuperamos el sentido de lo común.
La política no es patrimonio de una élite. No es un privilegio de los opinadores o de los tecnócratas. La política nos pertenece a todas y todos. Es hora de devolverle su valor, su profundidad, su carácter colectivo. Es hora de tomar la palabra, de hacernos escuchar, de exigir con dignidad.
Defendamos la democracia, la Constitución, la institucionalidad y los derechos. Pongamos sobre la mesa una agenda distinta, basada en el pan, la paz, la libertad y la verdad. Porque solo así recuperaremos lo que nos quieren arrebatar: la esperanza en un país justo, digno y verdaderamente democrático.