La mañana de este lunes 26 de enero, representantes de la Federación de Barrios de Cuenca ofrecieron una rueda de prensa para informar que por oficio solicitarán la intervención de los asambleístas por la provincia del Azuay, a fin de que puedan fiscalizar el destino de los recursos provenientes de los impuestos que pagan los cuencanos, en particular el incremento del 3 % del IVA.
Roberto Mosquera, presidente del organismo barrial, señaló que se ha solicitado información al gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, sobre la inversión en seguridad con los recursos generados por el incremento del IVA, así como al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, respecto a la tasa de seguridad municipal.
Indicó que, hasta el momento, únicamente se ha recibido respuesta por parte del Municipio, cuyos datos reflejan que se perciben aproximadamente 4 millones de dólares anuales por concepto de seguridad, y que en el presente año se recibieron cerca de 10 millones de dólares por pagos pendientes. Desde la Gobernación, hasta la fecha no se ha emitido respuesta.
Diego Flores, presidente de la Comisión de Seguridad de la Federación de Barrios de Cuenca, manifestó que la situación es compleja, lo que ha llevado a la organización barrial a asumir un rol de fiscalización.
Añadió que próximamente se convocará a los barrios para realizar acciones ciudadanas orientadas a exigir mayores medidas de seguridad. Asimismo, advirtió que las estadísticas pueden no reflejar la realidad del problema, lo que podría derivar en la reducción de efectivos policiales, afectando aún más el ya debilitado sistema de seguridad.
De su parte, Marco Torres, representante del barrio Totoracocha, informó que en su sector se ha evidenciado un incremento de hechos delictivos, entre ellos la circulación de panfletos en los que se exige a pequeños negocios el pago de cantidades que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares, lo que ha generado temor entre los comerciantes y ha provocado que algunos establecimientos cesen sus actividades.
Los representantes barriales llegaron hasta la Casa Legislativa del Azuay para entregar los oficios dirigidos a los Asambleístas, esperando una pronta respuesta ante una necesidad urgente.