Del muro de Rosana Encalada
Lo ocurrido en la última rueda de prensa organizada por la Universidad de Cuenca y su editorial UCuencaPress constituye un hecho profundamente preocupante para cualquier institución que se reclame pública, democrática y comprometida con la generación y circulación libre del conocimiento y los derechos.
Impedirme el ingreso como comunicadora de la misma institución y periodista a este evento de carácter público es una decisión que vulnera los principios fundamentales de libertad de expresión, derecho a la comunicación y el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y plural. Más grave aún cuando esta práctica ocurre en una universidad pública, espacio que por definición debería ser un territorio para el debate, la deliberación, la crítica y el ejercicio pleno de las libertades.
Resulta alarmante que una institución llamada a formar pensamiento crítico termine reproduciendo mecanismos de exclusión y control que poco tienen que ver con los valores universitarios. La #UCuenca debería ser un ejemplo de apertura, transparencia y respeto; sin embargo, decisiones como esta proyectan exactamente lo contrario: una gestión que parece administrar desde el miedo, la cobardía, la incomodidad frente a la crítica y una preocupante incapacidad para convivir con voces independientes.
La edificación de la identidad institucional no se fortalece mediante restricciones arbitrarias ni mediante la exclusión de quienes ejercen el periodismo o la comunicación desde posiciones diversas. Una universidad fortalece su legitimidad cuando es capaz de responder con argumentos, transparencia y apertura. Cuando opta por cerrar puertas solo expone una vergonzosa debilidad.
Cuesta entender qué razones podrían justificar una medida de esta naturaleza. Quizás exista desconocimiento sobre el alcance de los derechos vinculados a la comunicación pública; quizás falta experiencia en la gestión de relaciones con los medios y la opinión pública; quizás se trate de una preocupante incapacidad para comprender el papel que cumplen la crítica y el escrutinio ciudadano en una democracia; quizás el nivel intelectual y la ausente capacidad de estrategia y de políticas de quien toma estas decisiones. Pero ninguna de estas posibles explicaciones alcanza para justificar un acto tan impropio de una institución universitaria.
La comunidad universitaria conoce bien el clima de desorden, improvisación y conflictos que ha marcado la actual administración. Los episodios polémicos y los bochornos institucionales se han acumulado hasta convertirse en motivo permanente de preocupación y debate. Sin embargo, impedir el acceso a una rueda de prensa representa un escalón distinto, porque ya no se trata únicamente de errores de gestión, sino de una práctica restrictiva que afecta derechos fundamentales.
Lo más grave es que este tipo de conductas no forman parte de la tradición democrática de la Universidad de Cuenca. Nunca antes, bajo ninguna administración, se había normalizado la exclusión de periodistas o comunicadores de espacios informativos institucionales por razones políticas, personales o por el simple hecho de mantener una posición en particular. Esa diferencia resulta reveladora y dice mucho sobre la concepción de universidad que hoy prevalece en quienes la dirigen.
Las universidades públicas existen para ampliar libertades, no para restringirlas; existen para promover el pensamiento crítico, para fomentar el diálogo. La Universidad de Cuenca está en el límite de su misión esencial y está traicionando los principios que justifican su existencia ante la sociedad.
Lo sucedido no puede ser minimizado ni normalizado. Merece una explicación pública, una rectificación institucional y, sobre todo, una reflexión profunda sobre el rumbo que están tomando las prácticas de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir una de las instituciones más importantes y emblemáticas del país.