«O actuamos ya o nos vamos a hundir mucho más. Es el momento de recuperar el espíritu de movilización cívica, ciudadana y campesina frente a un gobierno que sabe hacia dónde camina: hacia la seguridad del negocio y no la seguridad integral.”
Ecuador atraviesa un profundo proceso de concentración de poder y una «neoliberalización» acelerada, apalancada en el uso sistemático de la excepcionalidad constitucional y de las fuerzas represivas por parte del presidente Daniel Noboa, sostuvo el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, en una reciente entrevista de la estación radial Antena Uno.
La «excepcionalidad» como estrategia de gobierno
Acosta denunció que el gobierno ha convertido los estados de excepción en la norma y no en la excepción, acumulando cerca de 720 días bajo este régimen.
Según el analista, esta figura es utilizada como una «herramienta de poder» para tramitar leyes simultáneamente: La Constitución permite tratar dos proyectos de urgencia económica a la vez, solo bajo estado de excepción, pero Noboa ha utilizado esta estrategia para saturar la agenda legislativa.
Además el mandatario manipula el mecanismo para la militarización de la sociedad, instrumentalizando a las Fuerzas Armadas, lo que deriva en violaciones de los derechos humanos y restricciones a la libertad de prensa bajo una «barrera de opacidad», señaló.
«Minería express», fin del rigor ambiental
Pero el punto más crítico de la entrevista se centró en el proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores de minería y energía. El ex constituyente calificó esta propuesta como un «fast track» minero (vía rápida) que busca ingresos fiscales a costa de la seguridad jurídica y ambiental.
De esta forma se impulsan autorizaciones Express: El proyecto introduce la figura de «autorización ambiental» para reemplazar la licencia ambiental, buscando fusionar fases de exploración y explotación para acelerar los permisos.
Silencio administrativo positivo: Si el Estado no responde en plazos perentorios (hasta 6 meses), se asumiría que el proyecto está autorizado. «Es como un cajero automático para las mineras», afirmó.
Debilitamiento Institucional: La reciente fusión de los Ministerios de Ambiente y Energía es vista como un paso para relajar la rigurosidad en favor de la industria extractiva.
Clústeres Mineros, ¿mini-estados independientes?
El analista alertó sobre la creación de «Clústeres mineros integrales» que funcionarían como zonas francas donde imperaría la voluntad de las empresas y la presencia militar constante. Esto afectaría directamente la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), limitando sus competencias y obligándolos a servir a la infraestructura minera.
Violaciones constitucionales
Desde un punto de vista democrático, Acosta señaló que estos mecanismos vulneran principios fundamentales:
- Principio de precaución: Se ignora el riesgo de daños irreversibles a la naturaleza (Art. 73).
- Derechos de consulta: Se omiten las consultas previas, libres e informadas a pueblos originarios (Art. 57) y la consulta ambiental para la sociedad (Art. 398).
- Centralismo fiscal: Es irónico que se exija «eficiencia» a los GAD mediante nuevas reglas presupuestarias mientras el gobierno central mantiene una ejecución de inversión mínima.
Lo grave de todo esto es que la Asamblea Nacional, de mayoría gobiernista, podría permitir que estas leyes entren en vigencia por el «ministerio de la ley» al no resolverlas en 30 días; frente a la perspectiva hizo un llamado a recuperar la «minga democrática» y la movilización cívica para frenar lo que consideró un proyecto oligárquico de largo plazo.
«O actuamos ya o nos vamos a hundir mucho más. Es el momento de recuperar el espíritu de movilización cívica, ciudadana y campesina frente a un gobierno que sabe hacia dónde camina: hacia la seguridad del negocio y no la seguridad integral», enfatizó.