«Todo gobernante quiere tener para sí el dominio de jueces y fiscales para ejercer su interés estratégico sin trabas. De eso la ciudadanía está cansada; la credibilidad de la justicia se ha ido desvaneciendo»: Miguel Antonio Arias, ex juez de lo penal.
El sistema judicial ecuatoriano atraviesa uno de sus momentos más críticos, no solo en el ámbito de la gestión, sino que ha caído en un estado de anomia, es decir la ausencia de ley o de principios jurídicos claros que guíen el sistema democrático. Ese fue el pilar central de la argumentación del analista jurídico y ex juez de lo penal, Miguel Antonio Arias, entrevistado el sábado 21 de marzo por la estación radial Antena Uno.
En su intervención, Arias desglosó cómo la justicia ha pasado de ser un derecho ciudadano a una herramienta de control político, echando al tacho de basura el principio básico de la independencia judicial.
Arias fue enfático: la independencia no es un privilegio para el magistrado, sino una garantía para el pueblo. Sin un juez independiente e imparcial, la tutela judicial efectiva —el derecho a que el Estado proteja nuestras libertades— se convierte en un mito.
Y esto viene siendo un patrón histórico, desde los tanques del entonces presidente Febres Cordero hasta la «metida de mano» del también presidente Rafael Correa, y la situación actual, todo régimen ha intentado dominar a jueces y fiscales para asegurar su «gobernabilidad» sin trabas.
La doctrina del «Derecho Penal del Enemigo»
El analista advirtió sobre el crecimiento del populismo penal, trayendo a colación el modelo de Bukele en El Salvador como un referente peligroso que se está replicando en Ecuador.
El modelo basa sus acciones en la criminalización de la pobreza: se etiqueta como «enemigo» a personas por su apariencia o lugar de residencia, generalmente las zonas periféricas, eliminando su presunción de inocencia.
Una segunda característica es el abuso del poder punitivo con operativos mediáticos en los que incluso asambleístas participan en allanamientos, rompiendo el debido proceso.
«La justicia primero detiene, priva de la libertad y luego investiga. Eso es un absurdo en la dogmática penal básica.», enfatizó el experto.
Infamias
Calificó como «infamias» y actos de «vulnerabilidad absoluta» ciertos procesos contra figuras de oposición, como los alcaldes de Guayaquil y Cuenca.
Criticó que se realicen allanamientos por supuestos enriquecimientos no justificados basados en actos de solidaridad familiar como los préstamos entre parientes, que son comunes en la cultura cuencana.
Denunció casos donde procesados no pueden comunicarse con sus abogados, rompiendo el derecho básico a la defensa.
En este sentido el diagnóstico realizado por el jurista sobre los organismos de control fue sombrío. La justicia ecuatoriana sobrevive entre encargos y concursos cuestionados.
Arias señaló que el cambio de fiscales en provincias como Azuay responde a la necesidad del poder político de tener «colaboradores» en lugar de funcionarios imparciales.
Cuestionó el silencio de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía ante tragedias como la masacre de los niños en las Malvinas, sugiriendo que la cercanía al poder político impide una verdadera rendición de cuentas.
Para el experto, mientras los jueces no retomen su rol de tutores de los derechos fundamentales y se alejen de la presión mediática y política, la credibilidad del sistema seguirá desvaneciéndose, dejando al ciudadano común a merced del ejercicio abusivo del poder.
Lo que debió operarse en el caso del alcalde de Guayaquil
En la persecución punitiva, cuando hablamos de un proceso penal, el fiscal debe llevar al juez elementos sólidos, para pedir medidas restrictivas de su libertad, para iniciar un proceso penal con la privación de libertad como tal.
Pero de lo que nosotros hemos visto, la fiscalía, en los casos emblemáticos, lo que hace, primero ejerce su poder con allanamientos, con privaciones de libertad, y después investiga, lo cual realmente es un absurdo, porque en la dogmática penal básica, en el ejercicio del derecho, los estudiantes conocen de la manera más elemental que debe activarse el poder punitivo, cuando existe una causa probable.
El domicilio de todos los ecuatorianos no puede allanarse, sino excepcionalmente, ¿cuándo? Cuando existe una causa probable de que se está cometiendo un delito, por ejemplo, la policía hace un seguimiento, observa que llegan los vehículos a un lugar determinado, pitan, sale un individuo, toma contacto, inmediatamente el conductor del vehículo se va.
Viene otro vehículo y repite la misma maniobra, la policía detiene al vehículo, a la persona que iba conduciendo el vehículo, y encuentra que tiene una sustancia estupefaciente o sometida a fiscalización, puede ser marihuana, cocaína, cualquier alucinógeno.
En esas circunstancias la policía tiene una causa probable de que en esa casa se está cometiendo el delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Con esos elementos acude un juez y le pide un allanamiento de domicilio, ese es el camino correcto, pero en el caso del alcalde de Guayaquil, nosotros hasta ahora, como ciudadanos, no como abogados, como ciudadanos simples, no conocemos cuáles son esos elementos sólidos que tenga la fiscalía para privar de la libertad a una persona, a un ciudadano que ejerce además un cargo público de representación en una ciudad tan grande como es Guayaquil.
La justicia tarda pero llega
El poder no es eterno y tarde o temprano vemos las consecuencias reales de la aplicación sin restricción del poder punitivo en persecuciones políticas. Un ejemplo no muy lejano está en nuestro vecino país, Perú.
Alberto Fujimori, en su tiempo, cuando tenía todo el poder, cuando se convirtió prácticamente en un dictador, bajo la excusa y el pretexto de combatir a Sendero Luminoso, persiguió también a todos los opositores políticos y cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad.
Uno de esos crímenes fue el denominado Barrios Altos, en donde llegaron a una población civil que celebraba una fiesta en un barrio, le llaman allí la Pollada, que es una especie de bingo que juegan y reúnen dinero para ayudar a algunas personas. En esas circunstancias llegó el Ejército y cometió una verdadera masacre con la población. Ciudadanos civiles desarmados, personas mayores, mujeres y niños.
En su momento, Fujimori se reía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reía de todos aquellos convenios que restringían el abuso del poder, que prohibían la tortura, se reía. Y sin embargo, cuando dejó el poder, fue encarcelado y casi prácticamente murió en la cárcel, tuvo que salir por cuestiones ya extremas, por actos de humanidad, porque estuvo muy enfermo.
Video vía Antena Uno.