La operación militar conjunta de Ecuador y Estados Unidos ocurrida el 6 de marzo de 2026 en la provincia amazónica de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia, que según las autoridades buscaba atacar a grupos armados, terminó destruyendo una granja lechera, según el reportaje del periódico estadounidense The New York Times publicado este martes 24 de marzo bajo el título “EE. UU. dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes en Ecuador. Era una finca lechera”.
El reporte periodístico ha sido ampliamente replicado por los medios tradicionales y digitales de Ecuador señalando que lo que el Gobierno de Daniel Noboa presentó inicialmente como un exitoso golpe a un «campamento narco» en Sucumbíos, ha sido cuestionado por la investigación del The New York Times.
El contexto de la información recogida por la prensa nacional y alojada en las redes de Internet señala que el 6 de marzo de 2026 las Fuerzas Armadas de Ecuador, con asistencia de inteligencia y fuerzas especiales de Estados Unidos, ejecutaron un bombardeo y una incursión terrestre en una zona rural del cantón Lago Agrio, cerca de la frontera con Colombia.
El Ministerio de Defensa y el Gobierno ecuatoriano informaron que el objetivo era una base de operaciones del grupo armado Comandos de la Frontera (disidencia de las FARC). Se reportó la destrucción de infraestructuras criminales y la neutralización de amenazas narcoterroristas.
Pero de acuerdo a la investigación del periódico estadounidense, el sitio atacado no era un enclave guerrillero, sino una granja lechera y agrícola donde se produjo la destrucción de viviendas campesinas, estructuras agrícolas y la muerte de animales.
Los lugareños denunciaron que no existen grupos armados operando en esa finca y acusaron abusos durante el operativo. The New York Times también mencionó que fuerzas especiales de EE. UU. brindaron asistencia directa, lo que ha generado un debate sobre la precisión de la inteligencia compartida.
El escándalo coincide con la visita a Ecuador de la enviada especial de EE. UU., Kristi Noem, este miércoles 25 de marzo, quien mantiene una agenda centrada en la cooperación de seguridad, ahora bajo la sombra de estos cuestionamientos.
Organizaciones de derechos humanos y habitantes de la comunidad de San Martín han exigido una investigación transparente para determinar por qué se bombardeó una propiedad civil y quién asumirá la responsabilidad por los daños.
El incidente ha puesto bajo la lupa la estrategia de «objetivos militares» en la frontera norte y el nivel de involucramiento de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano.
Reacción del oficialismo
Las declaraciones oficiales tras el reportaje del New York Times han estado marcadas por una tensa calma y una defensa cerrada de la legalidad de las operaciones, aunque con diferentes matices respecto a quién proporcionó la información que llevó al bombardeo.
El ministro de Defensa, John Reinberg, ha sostenido que la operación se basó en informes de inteligencia que identificaba el lugar como un punto de apoyo logístico para los Comandos de la Frontera.
Según la argumentación del ministro, los grupos armados suelen utilizar fachadas agrícolas para ocultar depósitos de armas, laboratorios o dormitorios, por lo que la apariencia de «granja lechera» no descarta su uso criminal.
Fuentes del Ministerio han sugerido que la ubicación y la caracterización del objetivo provinieron de la cooperación internacional con EE. UU.
Funcionarios estadounidenses citados en el reportaje del New York Times admitieron la asistencia en planificación y tecnología, pero recalcaron que la decisión final del ataque y la ejecución en tierra fueron de responsabilidad soberana de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
El reportaje menciona que enviaron un listado de preguntas detalladas al Ejecutivo ecuatoriano antes de la publicación, pero no obtuvieron una respuesta oficial a tiempo para la edición impresa. Tras la publicación, el discurso se ha centrado en minimizar el reporte tildándolo de «sesgado», e insistiendo en que el éxito de la guerra interna contra el narcotráfico requiere este tipo de intervenciones de alto impacto.
Tensión Diplomática con Colombia
El incidente no solo marca un problema de «relaciones públicas» con la prensa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza el 17 de marzo, denunciando que las bombas cayeron cerca de familias campesinas que habían sustituido cultivos de coca por proyectos lícitos.
El presidente Daniel Noboa y la Cancillería respondieron que Ecuador actúa de forma «soberana» y que no se bombardearon objetivos en suelo colombiano, sino estrictamente en territorio ecuatoriano contra estructuras terroristas.
Actualmente, el Bloque de Seguridad se encuentra bajo presión para permitir que una comisión independiente o la Defensoría del Pueblo acceda a la zona de San Martín para verificar los daños materiales y humanos denunciados por los finqueros.