En un acto de resistencia ciudadana desde el corazón de la Universidad de Cuenca, representantes estudiantiles, autoridades locales y defensores del agua autoconvocados en la Asamblea Provincial por el Agua y los Páramos se pronunciaron este martes 24 de febrero en firme rechazo al proyecto de Ley Económica Urgente enviado por el gobierno de Daniel Noboa el pasado 28 de enero.
La asamblea denunció que la propuesta busca un «rediseño profundo» de las reglas ambientales para favorecer el extractivismo, ignorando el mandato popular expresado en las urnas en noviembre de 2025.
Un llamado a la coherencia política
Durante el encuentro se resaltó la presencia de figuras legislativas y autoridades locales como la vicealcaldesa de Cuenca, Marisol Peñaloza, el prefecto Juan Cristóbal Lloret, concejales, presidentes de las Juntas Parroquiales y los asambleístas Roque Ordóñez y Verónica Arias. No obstante, se cuestionó duramente la ausencia de los asambleístas de ADN por Azuay, Camila León, Anthony Becerra y Adrián Castro que nuevamente le dieron la espalda al pueblo azuayo.
«Cuando el pueblo convoca y la autoridad no comparece, el mensaje es político. La voz ciudadana no es un trámite, la participación no es solamente un formalismo; las decisiones sobre el agua deben tomarse con el pueblo, no a nuestras espaldas», enfatizó Noelia Ochoa, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) filial de Cuenca, en su intervención.
“En noviembre de 2025 le dijimos no a una constituyente encubierta, le dijimos no a abrir la puerta a un modelo de extractivismo sin límites, le digimos no al ecocidio disfrazado de desarrollo”, pero el 28 de enero de este año Noboa se vengó enviando los proyectos urgentes por todos conocidos, lamentó la dirigente.
Noelia Ochoa detectó tres ejes de extrema gravedad que vulneran la seguridad ambiental y social del país:
- Debilitamiento de Controles: La ley pretende eliminar licencias ambientales rigurosas en fases avanzadas, unificando etapas y reduciendo la participación social. Esto traslada el riesgo ambiental directamente a las comunidades y a las futuras generaciones.
- Militarización de Territorios: La creación de «zonas de seguridad estratégica» abre la puerta al uso de las Fuerzas Armadas en territorios extractivos, lo que podría derivar en la criminalización de la defensa del agua, como ya se ha visto por ejemplo en Palo Quemado.
- Falsa Urgencia Económica: Frente a un déficit fiscal de $5.400 millones, el gobierno propone flexibilizar normas en lugar de buscar soluciones que no comprometan las zonas de recarga hídrica como Quimsacocha.
La dirigente recordó que el 16 de septiembre es una fecha histórica de resistencia y que el pueblo ya le dijo «NO» a la constituyente encubierta de noviembre de 2025. «No permitiremos que nos vendan como modernización lo que es desprotección, ni como desarrollo lo que es despojo», subrayó y aclaró que la urgencia de la ley solo responde a los intereses de las empresas mineras vinculadas al presidente Noboa.
En este sentido exigió a la Asamblea Nacional a archivar de forma total este proyecto de ley antes de que venza el plazo de 30 días para su aprobación por el ministerio de la ley; añadió que la ciudadanía empieza a movilizarse en las calles para frenar la agresividad del gobierno.