Con la mira puesta en la conformación de un Comité Estratégico del Azuay, los asambleístas electos se reunieron con varios alcaldes, miembros de las Juntas Parroquiales, directivos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare Azuay) la mañana de este lunes 4 de septiembre en el Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.
La idea es congregar en una misma mesa de trabajo al Alcalde de Cuenca, Prefecto del Azuay, alcaldes de los cantones, representantes de las Juntas Parroquiales, representantes de los sectores productivos, de las organizaciones sociales, universidades, para analizar y requerir soluciones oportunas respecto a temas urgentes como vialidad, seguridad, descentralización, producción, soberanía energética, transferencias a los Gobiernos locales.
Y por qué no generar, en un nivel superior, una estructura institucional que emule al desaparecido Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) que tantos beneficios impulsó en la región, según el planteamiento del asambleísta Leonardo Berrezueta.
Las intervenciones coincidieron en dos temas de peso para el financiamiento de los gobiernos cantonales y parroquiales de la provincia, a través de la Ley 047, y las disposiciones de la Agencias Nacional de Tránsito (ANT) para la creación de los Centros de Revisión Vehicular.
Según indicaron los alcaldes de la Cuenca del Paute, la Ley 047 genera cerca de 900 millones de dólares, pero al Azuay le toca una dádiva cuando el 33% del total de la generación eléctrica a nivel nacional proviene de la Central Paute y de la zona.
Insulto grotesco
De los excedentes de la facturación por el servicio eléctrico, que suman 30 millones de dólares, solo el 1% (300.000) le corresponde al Azuay, el resto, 29’700.000 dólares, por decisión del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, de cinco personas, en Quito, se desviaron a la Costa, donde no tienen proyectos de generación eléctrica.
Eso es un insulto grotesco para el Azuay dado que el cantón El Pan recibe 8.000 dólares, Guarainag 10.000 dólares, Pindilig 26.000 dólares, Taday 18.000 dólares, jurisdicciones que están, junto a Sevilla de Oro donde se genera más del 33% de la energía nacional con Mazar, Sopladora y Molino, en el epicentro de los impactos por las represas; pero, indígnense, la parroquia Sucre, en la Costa, recibe 3’.438.000, dólares, Jimena (Guayaquil) 3 millones, Tarqui (Guayaquil) 2 millones, Pascuales 681.000 dólares, Santa Elena 513.000 dólares.
Respecto a los Centros de revisión técnica vehicular, el 70% de los municipios no pueden cumplir con la disposición legal para su creación por la falta de recursos, a lo que se suman los escandalosos niveles de corrupción, 9.000 matrículas de vehículos se hicieron en Quito con el código del municipio de Servilla de Oro.
También se reclamó por los recortes en las asignaciones a los gobiernos locales, por el orden del 5%.
Acuerdo inicial
Estas peticiones se sumarán a un acuerdo inicial de ocho puntos entregado ya a las autoridades locales, entre los cuales, según al legislador Leonardo Berrezueta, constan:
Entrega de la delegación para el mantenimiento de las principales vías de la provincia.
Fiscalización de la Ley 047.
Implementación de los retenes para evitar la llegada de reclusos de alta peligrosidad a la cárcel de Turi, y hacer que ésta sea únicamente regional.
Fiscalización del fideicomiso para la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.
Creación del Comité Estratégico del Azuay.
Temas sobre los impactos ambientales y respeto de las consultas populares, lucha frontal contra la corrupción, seguridad.