La esposa del teniente coronel José Luis Erazo y el padre del teniente Rodney Rengel, denunciaron ante los medios de comunicación, “la persecución y atropellos recibidos per parte del Gobierno y la Policía hacia nuestros familiares, por haber investigado el caso ‘Leon de Troya’ que vincula a la mafia albanesa con el cuñado del Presidente Guillermo Lasso».
Desde julio de 2021 el presidente Lasso conocía de esta investigación y se habría reunido con el exasambleísta Fernando Villavicencio para tratar el tema, según lo dio a conocer públicamente, en varias ocasiones, el propio exasambleísta y excandidato a la Presidencia, quien fue asesinado el 9 de agosto, señalaron los denunciantes.
“A partir de que se hizo pública la investigación realizada por nuestros familiares, ellos han sido objeto de constantes hostigamientos, empezando por su retiro de la Unidad policial que se encontraba a cargo para ser transferidos a unidades de provincias de alto riesgo come Guayas y Esmeraldas, hasta llegar incluso a allanarse sus oficinas buscando la información de la investigación”, reza la comunicación enviada a los medios.
Denuncian igualmente que desde el 1 de abril de 2023, a las 12h54, se elaboró una Auditoria de Seguridad que dio lugar al Parte Policial No. 2023040100451427208, “por medio de los cuales, las instancias competentes de la Policia Nacional fueron alertadas que las vidas de nuestros familiares, así como las del Periodista Boscán y del ex Asambleísta Fernando Villavicencio, estaban amenazadas por la investigación y divulgación del caso León de Troya”.
En este contexto enfatizan en la urgencia de la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al inminente riesgo a la vida de sus familias.
Las acciones para silenciar y eliminar a quienes investigaron, conocieron o podrían continuar investigando el caso León de Troya han sido sistemáticas, pues a pesar de las alertas existentes fue encontrado asesinado y torturado Rubén Cherres, y el 9 de agosto fue asesinado el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, este último bajo protección oficial del Gobierno; así come ha sido obligado a abandonar el país el periodista Anderson Boscán, recalcan los familiares de los oficiales de policía.
“Con estos antecedentes tenemos terror de que nuestros familiares puedan ser los próximos asesinados y responsabilizamos al Gobierno y al mando Policial por nuestra seguridad”, subrayan.