Varias organizaciones sociales y comunitarias defensoras del agua se concentraron en la explanada del Complejo Judicial de Cuenca, la mañana de este miércoles 11 de junio, para pedir al juez Carlos Cárdenas que no valide una supuesta consulta previa que habría permitido que la empresa Dundee Precious Metals proceda a la explotación minera en los humedales de Quimsacocha, poniendo en riesgo la provisión del agua para Cuenca y otros sectores.
A mediados de 2022 las comunidades de Girón, Victoria del Portete y Tarqui presentaron una acción de protección ante el juez Carlos Cárdenas que en primera instancia determinó que el procedimiento del Ministerio del Ambiente, en el gobierno de Guillermo Lasso, respecto a la explotación minera en Quimsacocha, era ilegal porque no se dio vía la consulta previa a las comunidades, y violaba la consulta popular que sobre el tema fue aprobada por más del 80% de los cuencanos.
La audiencia se llevó a cabo el 12 de julio de 2022, y el juez Carlos Cárdenas aceptó las medidas cautelares y suspendió todo trabajo y acción minera que se presente en la zona.
Posteriormente la Corte Provincial de Justicia afirmó el dictamen del juez Cárdenas y ordenó la realización de la consulta previa que no podía hacerse por la inexistencia de una ley para el efecto.
Sin embargo, en noviembre de 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa, aprovechando el feriado por las fiestas de Cuenca. “se inventó una pantomima de consulta”, a decir del activista y abogado Sebastián Cevallos, reuniendo a unos 50 comuneros desconocidos y en un lugar indeterminado.
El Ministerio del Ambiente envió los resultados de esa presunta consulta al juez Carlos Cárdenas para que proceda con el archivo de la causa y así dé paso a la explotación minera. Hace pocos días la Cámara de la Minería, en Quito, anunció que la empresa Dundee Precious Metals tenía luz verde para la explotación de oro.
Analizan demanda penal
En este sentido, ex juez de lo Penal, Miguel Antonio Arias, deploró la manipulación del Ministerio del Ambiente y de la empresa minera para desconocer la voluntad popular y, atentando contra el derecho a la vida de los cuencanos, anunciar el inicio de la explotación minera en un área extremadamente sensible.
Enfatizó que lo actuado por esos organismos configura un “fraude procesal” por lo que “estamos analizando con algunos compañeros la posibilidad de presentar una demanda penal porque no se puede permitir que las instituciones públicas, de la mano de empresarios mineros, se burlen de la Constitución, de la decisión de los jueces y de la voluntad del pueblo”.