La transformación de cooperativas en bancos afecta el derecho a la autogestión comunitaria, es un intento de privatización encubierta del sector solidario.
Aunque la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este lunes 4 de agosto 17 artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad Nacional, entre ellos el plazo de 90 días para transformar las cooperativas de ahorro y crédito en bancos, los temores no se han disipado y las acciones de oposición del del sector cooperativista siguen su marcha.
El miércoles de la semana anterior se desarrolló en el campus Balzaín de la Universidad de Cuenca un foro en el que se trató el tema la transformación de las cooperativas de ahorro y crédito en bancos.
El expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta, lamentó que el debate democrático haya sido reemplazado por imposiciones legislativas sin participación social. Efectuó una aguda crítica al Gobierno y al bloque legislativo de ADN y aliados, denunciando una “avalancha de leyes” retazos de diferentes temas, sin debate ni transparencia.
Es un intento de reforma económica impulsado por el presidente Daniel Noboa mediante leyes urgentes, afectando gravemente la Constitución y la institucionalidad con políticas de austeridad como despidos, fusiones ministeriales, y debilitamiento del Estado, bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), denunció.
Para el orador, la Ley de Integridad Pública incluye una disposición orientada a transformar las cooperativas en bancos. Lo grave del asunto es que esta disposición fue introducida entre gallos y medianoche (de forma oculta), en un intento deliberado de bancarizar las cooperativas y lucrar con su éxito.
En este sentido puntualizó que entre 2015 y 2025, las cooperativas han triplicado o cuadruplicado sus activos, cartera y depósitos de 7.633 millones de dólares a 24.467 millones de dólares. Su cartera ha crecido de 5.676 millones de dólares a 17.887 millones de dólares, más de tres veces, y sus depósitos han aumentado de 5.910 millones de dólares a 24.381 millones de dólares, más de cuatro veces.
El gobierno y sus grupos económicos ven en este crecimiento que ha beneficiado directamente a socios y comunidades, la posibilidad de incrementar sus ganancias y utilidades privadas.
Recordó que el artículo 283 de la Constitución de Montecristi (2008) define el sistema económico como social y solidario. La economía popular y solidaria incluye cooperativas, asociaciones y otras formas no capitalistas de organización económica, es decir, se trata de una economía basada en la solidaridad, diversidad, y buen vivir, frente al lucro empresarial.
En esta línea efectuó una clara diferenciación entre Bancos y Cooperativas. Los bancos buscan el lucro, tienen accionistas, jerarquía por capital; las cooperativas buscan la cooperación, tienen socios, democracia participativa (una persona = un voto).
Riesgo neoliberal, el verdadero peligro
Alberto Acosta rechazó el argumento oficial de que las cooperativas representan un «riesgo sistémico». El auténtico riesgo sistémico proviene de un modelo neoliberal que ha dejado a la economía estancada y en recesión, ahogando la reactivación productiva con políticas de austeridad.
Utilizar el argumento del lavado de activos para despojar a las cooperativas de su carácter autónomo es un ardid que desvía la atención de las fallas de la banca tradicional, protagonizada por escándalos como los papeles de Pandora, dijo.
Efectuó un Llamado a la defensa del cooperativismo pues la transformación de cooperativas en bancos debilita la autogestión comunitaria, socava la solidaridad y limita la inclusión financiera de los sectores más vulnerables. Este proceso beneficia a la banca privada y a sectores que promueven una visión mercantil de la economía.
No podemos quedarnos callados ante estos hechos consumados. Es momento de articular una respuesta democrática y organizada, defendiendo el sistema económico social y solidario consagrado en la Constitución de Montecristi. El futuro de Ecuador depende de preservar espacios de cooperación y reciprocidad, frente a un modelo que busca privatizar hasta el último vestigio nuestra autonomía comunitaria, subrayó.