“Si la Constitución está por debajo de un presidente estamos en un estado de facto, estamos inaugurando una dictadura, y dictaduras en Ecuador no queremos”.
Como una acción urgente en respuesta a la decisión del gobierno del derechista Daniel Noboa de permitir a la empresa minera Doundee Precious Metals la explotación de oro en el páramo de Quimsacocha, violentando todas las acciones judiciales y constitucionales, la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Páramos presentó en el Complejo Judicial de Cuenca una Medida Cautelar que permita frenar la actitud dictatorial del régimen.
La medida está prevista en el Art. 26 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y respaldada en toda la normativa internacional como el Convenio de Viena, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración de la ONU y la OEA sobre Pueblos Indígenas, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en el Caso Cedros, entre otras normas.
Con la acción se trata de evitar la vulneración de varios derechos, como el derecho al debido proceso, seguridad jurídica, tutela efectiva, derechos de la naturaleza, derecho humano al agua, al Sumac Kawsay, derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación.
Como medidas de reparación se pide la inmediata suspensión de las actividades de la empresa minera en Quimsacocha; el abandono inmediato de militares y policías de la zona y que se deje sin efecto “la malhadada licencia ambiental” otorgada por el gobierno en beneficio de la empresa minera.
“Esta medida cautelar es de carácter inmediato, urgente, por el grave daño” que se está provocando, sostuvo Yaku Pérez, asesor jurídico de la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Páramos, y excandidato presidencial.
Es indignante observar que mientras Cuenca y Azuay, respetando el derecho, las decisiones judiciales y constitucionales, la opinión ciudadana y la voluntad popular, expresan su oposición tajante contra la minería en las fuentes de recarga hídrica, el Ministerio del Ambiente, “en la obscuridad, a las espaldas, como la delincuencia común”, otorga el permiso para la explotación de oro en Quimsacocha, subrayó Pérez.
Enfatizó que ningún presidente, ministro, funcionario o Cámara puede estar sobre la Constitución. “Si la Constitución está por debajo de un presidente estamos en un estado de facto, estamos inaugurando una dictadura, y dictaduras en Ecuador no queremos”, sentenció el activista.
Añadió que “si hay que combatirlo, en la vía jurídica lo estamos combatiendo, si hay que combatir en cualquier terreno, político, ecológico, científico, social, los compañeros lo decidirán. Si hay que salir a las calles, y si hay que cerrar vías para abrir avenidas de esperanza, aquí nos tienen, con firmeza y sin amilanarnos”.