Por Pedro Cornejo Calderón
UNO. – El gobierno de Daniel Noboa ha atravesado diversas fases que dejan en evidencia su verdadera intención: consolidar el poder a costa de las instituciones democráticas y usar el Estado como una empresa familiar. Desde el inicio de su mandato, proyectó una imagen de diálogo y consenso, pero pronto quedó claro que esta postura era solo una estrategia electoral. A pesar de contar con el respaldo legislativo necesario, el Ejecutivo decidió que era más fácil culpar a la Asamblea Nacional de su incapacidad para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, mientras vetaba leyes que podían mejorar la situación del país. No vaya a ser que gobernar se convierta en un trabajo serio.
DOS. – Una vez que la Asamblea ya no servía como chivo expiatorio, el gobierno fijó su siguiente objetivo: tomar el control de la justicia. Así, dirigió sus ataques al Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, deslegitimando sus funciones para luego ponerlas a su servicio. Paralelamente, buscó el control del Consejo de Participación Ciudadana, porque tener influencia sobre la Fiscalía, la Corte Constitucional y el propio Consejo de la Judicatura nunca está de más. Con esto, Noboa se aseguró un aparato judicial, constitucional y electoral hecho a su medida, con la fiscal general como su espada y escudo.
TRES. – Con el Consejo de Participación Ciudadana sometido, el gobierno fue por el premio mayor: la Corte Constitucional. Así garantizó una mayoría alineada con sus intereses. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral operan sin autonomía, pero solo mientras los resultados de la segunda vuelta no sean una amenaza. Porque cuando el poder está en juego, cualquier “independencia” es opcional.
CUATRO. – Como el manual de política sucia lo indica, nada mejor que un enemigo conveniente. Para desviar la atención de sus propios fracasos, Noboa intensificó su discurso contra el correísmo, acusándolo de la crisis económica y de un supuesto saqueo de miles de millones de dólares… aunque pruebas, lo que se dice pruebas, no haya presentado. Polarizó la disputa política y electoral, colocándose a sí mismo como el salvador de la patria. Mientras tanto, su gobierno se vio envuelto en escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y una notable falta de inversión en seguridad. Pero eso no importa, porque siempre se puede decir que “todo es culpa del pasado”.
CINCO. – La crisis energética era completamente predecible y evitable, pero el gobierno decidió que era mejor confiar en la suerte. Las lluvias y la compra de energía a Colombia lo salvaron temporalmente, aunque la temporada invernal dejó en evidencia su falta de liderazgo y planificación. Su respuesta ante las inundaciones y los cortes de vías fue clásica: culpar a los gobiernos locales y recurrir al asistencialismo. Kits de alimentos y colchones para todos, porque es más fácil repartir migajas que resolver problemas estructurales. En su lógica, los ciudadanos no tienen derechos, solo deben agradecer lo que el gobierno quiera darles.
SEIS. – El gobierno protege a familiares de ministros vinculados al narcotráfico, mientras los puertos públicos y privados siguen siendo puntos de exportación de droga sin control alguno. Líderes criminales como ‘Fito’ operan con total impunidad y el sistema financiero lava dinero del narcotráfico sin restricciones. Mientras tanto, los contratos públicos se entregan con un cariño especial a los miembros de la corporación familiar de Noboa. Empresas como El Ordeño han recibido adjudicaciones en sectores estratégicos, desde alimentos hasta petróleo. Ah, y como muestra de transparencia, la primera jugada legislativa del gobierno fue condonar intereses y multas a la empresa familiar. Porque primero es la casa, luego el país.
SIETE. – Y si de negocios se trata, la entrega del campo petrolero Sacha sin licitación es una obra maestra. Se adjudicó a un consorcio donde participa SINOPEC, cuya subsidiaria AMODAIMI tiene registrado el mismo número telefónico que El Ordeño. ¿Coincidencia? Difícil. Esta privatización regala a la empresa una infraestructura desarrollada en 55 años sin exigirle inversión ni tecnología a cambio. Mientras ellos se llevan la tajada, el Estado solo recibe el 12% de la producción. Pero tranquilos, que el “manejo eficiente” del sector energético sigue siendo una prioridad.
OCHO. – El presidente-candidato ha demostrado que su prioridad no es gobernar para los ecuatorianos, sino apropiarse de recursos públicos y fortalecer el poder de su corporación familiar. Se ha alineado con el modelo neoliberal autoritario, debilitando instituciones y provocando crisis económica, energética y de seguridad. Porque si hay caos, siempre hay una excusa para justificar más control social, más miedo y más desesperanza. Y para completar el cuadro, minimiza la migración forzada al presentarla como una oportunidad, ignorando el desarraigo y las dificultades que enfrentan miles de ecuatorianos en el exterior. Al fin y al cabo, si se van, es una boca menos que alimentar.
El objetivo final siempre ha sido el mismo: torpedear al Estado desde dentro, desprestigiar los bienes y servicios públicos, y acumular fortuna y poder a costa de los recursos nacionales.
NUEVE. – Frente a la manipulación, la mentira y el abuso de poder, es urgente que las fuerzas democráticas, progresistas y patrióticas se unan en defensa de la institucionalidad, la justicia social y el patrimonio nacional. La ciudadanía debe organizarse, movilizarse y exigir transparencia, participación y rendición de cuentas. Porque la democracia no puede ser un negocio privado.
Esta lucha no es solo contra un gobierno corrupto, sino por la recuperación de un país con oportunidades, seguridad y bienestar para todos. LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD será clave para derrotar al neoliberalismo autoritario y reconstruir la nación sobre bases de justicia y equidad.