Caricatura tomada de la cuenta X de Vilma Vargas.

Esa participación indebida ha sido condenada ampliamente por varios sectores ciudadanos, gremiales y políticos.

La Fiscalía de Ecuador fue sometida en estos días a un enorme episodio de desprestigio, de la mano de su titular Diana Salazar, al inmiscuirse en la campaña electoral tratando de influir en los resultados del balotaje del próximo domingo 15 de octubre, de acuerdo a diversos analistas y observadores de la política ecuatoriana.

En realidad esta estratagema no es nueva, ya lo hicieron en 2021 a través del fiscal colombiano, Francisco Barbosa, respecto a acusaciones sobre un presunto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Andrés Arauz, finalista junto al ahora desacreditado Guillermo Lasso. La acusación quedó en nada y el candidato progresista fue perjudicado.

En la actualidad, la FGE comunicó haber recibido el testimonio, “bajo juramento”, de un supuesto testigo del homicidio de Fernando Villavicencio, dando lugar a que el sucesor del candidato asesinado, Cristian Zurita, actores políticos de derecha, medios de comunicación y plataformas digitales afiliados al gobierno de Lasso y la campaña de Daniel Noboa, involucren directamente en el hecho al “gobierno de Rafael Correa”.

Respecto al juramento del supuesto testigo, el jurista Mauro Andino puso en claro que, según al Código Orgánico Integral Penal (COIP), si un testigo decide dar el testimonio, “en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad”, eso corresponde a los sujetos procesales en el momento del interrogatorio (Art. 507 numeral 3 COIP).

Frente a las condenas generalizadas por esta “maniobra” la Fiscalía se vio obligada a dar marcha atrás y en un nuevo comunicado realizó algunas aclaraciones.

En torno a estos hechos el periodista del medio digital La Posta, Anderson Boscán, sostuvo que la “Fiscalía tiene tufo a campaña política” para debilitar a la candidata progresista Luisa González.

El jurista Ramiro Aguilar resaltó que los siete sicarios de Villavicencio asesinados en las cárceles de Guayaquil y Quito estaban bajo el control del Servicio Nacional Penitenciario (SNAI), “entonces no hay forma, no existe forma de que el gobierno no sea responsable por el crimen de los sicarios”.

Y ahora aparece de la nada, porque su carro se le dañó, un supuesto testigo estrella que, bajo presión, para que no le maten puede declarar cualquier cosa, “él puede decir que su mamá fue parte de la banda de Sicarios”.

A él le han recibido el testimonio anticipado, en cámara de Gesell, como en las películas, en absoluta reserva, es decir sin ninguna posibilidad de que sea público, pero Cristhian Zurita sosrtiene que el testigo protegido de la fiscalía acusa al correísmo, igual que la viuda de Villavicencio. “Eso no les cree nadie”.

“Eso es una sinvergüencería, eso es una infamia sobre el crimen de Villavicencio, y una infamia sobre la justicia. Aquí no le interesa a la Fiscalía buscar a los responsables del crimen de una persona, sino salir a echar la culpa al correísmo”.

Usted puede votar por quién quiera, pero lo que usted no puede hacer es permitir es que le tomen el pelo, que le quieran engañar, que quieran decirle ahora que la muerte de los sicarios de Villavicencio, que estaban en la cárcel controlada por el Estado, es culpa del correísmo. “Por Dios, eso es una cosa demencial, demencial y usted no puede comerse el cuento, no puede ni debe comerse el cuento.»

Radio Pichincha difundió que el supuesto testigo que afirmó conocer sobre los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio no es parte del caso ni estaba detenido, pero además, de acuerdo a información reciente, el «testigo» estaría pidiendo la recompensa de los 5 millones de dólares ofrecidos por la Embajada estadounidense.

 

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