El lunes 27 de octubre la Gobernación del Azuay emitió un informe de prensa que alertaba de la activación de la “minería ilegal” en el sector de Río Blanco, parroquia Molleturo, y citaba la intervención de efectivos militares e inteligencia del Ejército Ecuatoriano a través de la Brigada de Artillería N. 27 «Portete».
El informe daba cuenta de la existencia de aproximadamente 400 toneladas de material mineralizado (oro y plata), presuntamente extraído de forma ilícita, y de la detención de una volqueta y su conductor Esteban Ubaldo L. T., quien se encontraba transportando material aurífero de manera ilegal.
Sin embargo, esa información fue duramente cuestionada por la Federación de Oraganizaciones Indígenas y campesinas del Azuay (FOA) y la comuna San Felipe de Molleturo, considerando que se trata de la intencionalidad de posicionar un discurso para “justificar la militarización del territorio”.
Para despejar dudas y constatar la realidad de la situación, el sábado 8 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación de Cuenca recorrieron el lugar tras la invitación de las mencionadas organizaciones, así como del Cabildo por el Agua de Cuenca y Sinchi Warmi.
En efecto, aparte de la presencia de ocho ciudadanos con uniforme militar, quienes en medio de la apretada niebla soportaban la dureza de las condiciones ambientales a más de 4.000 metros de altura, dando la idea de que, antes que vigilar y controlar la zona, ahí más bien pagaban una sanción, no se advertía ningún otro tipo de movimiento.
El grupo de comunicadores fue recibido por varios comuneros de San Pedro de Yumate, Cochapamba, Río Blanco y de la comuna San Felipe, entre los que destacaban Francisco Morales (64 años) y Rosa Aurora Gutama (62 años), quienes el 30 de septiembre fueron detenidos en el contexto del paro nacional y acusados de ser muy peligrosos “terroristas”.
Francisco y Rosa Aurora rieron animadamente recordando el episodio en el que la arbitrariedad policial ocasionó que la vieja camioneta en la que se movilizaban, fuera baleada como si allí hubieran estado transportando un arma nuclear. El vehículo sigue retenido contó Francisco.
Respecto al relato gubernamental de la “minería ilegal”, los comuneros y las organizaciones ironizaron esa versión señalando que el material al que se refieren los voceros de gobierno está abandonado desde 2018 en una planicie cercana a la boca mina del proyecto Río Blanco cuya actividad fue suspendida ese año por orden de la Corte Provincial de Justicia del Azuay al constar las irregularidades en los procesos.
Se trata de materiales que pueden estar o no mineralizados y que ante la falta de controles reales por parte del Estado son sustraídos por desconocidos que aprovechan una trocha en construcción desde la costa.
De hecho, a eso se refiere la información de la Gobernación del Azuay, pero tratada en forma maliciosa, aseguraron Carlos Morales, presidente de la comuna San Felipe, y Carlos Novillo, del Cabildo por el Agua de Cuenca, señalando que la detención de una de las volquetas se produjo por daños en el automotor, las otras se fueron sin mayores problemas.
Desmantelando la «Información Falsa» del Gobierno
Los voceros señalaron que el Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, está creando una «narrativa falsa» para justificar la presencia militar en la zona, la cual está prohibida por la Corte Provincial de Justicia, y para «generar un relato para legalizar justamente la explotación» minera.
Puntos clave del desmentido:
- Robo de Material: Sobre el material rocoso supuestamente robado y la detención de una volqueta, los líderes afirmaron que este material lleva siete años a la intemperie y fue extraído para abrir la bocamina en 2018. Argumentan que el Gobierno infló las cifras, pues los militares anunciaron la detención de 400 toneladas de oro y plata, una cantidad que supera incluso las reservas totales del proyecto (estimadas en 605 mil onzas de oro y 4.3 millones de onzas de plata, según la propia empresa).
- Imposibilidad de Explotación: Señalaron que es «imposible» que se esté realizando minería ilegal a gran escala, ya que la maquinaria de la empresa china Junefield quedó abandonada tras la suspensión y bloquea el acceso al túnel. Las huellas de las volquetas detenidas se encontraron en la parte alta, donde estaba el material de desmonte, y no en la bocamina.
- Fondo del Conflicto: La resistencia vincula la actual campaña de desprestigio a un arbitraje internacional en curso. La empresa china ganó la sede para el proceso en el extranjero y está solicitando una indemnización de 400 millones de dólares. Existe el riesgo de que, además de la compensación, se solicite la reapertura de la mina.
Preocupación por la Contaminación y la Constitución
Los comuneros y defensores mostraron a los medios cómo la apertura del túnel de «producción temprana» (conocido como Túnel Alejandra) y el material abandonado están generando contaminación en la zona.
Afectación Hídrica: La contaminación comienza en una posa de agua que es parte de la naciente del Río Balao, que luego atraviesa zonas productivas en la Costa. En este sentido exigieron a la ministra Manzano que visite el sitio para constatar la realidad.
Además, expresaron su preocupación por las intenciones del Gobierno de aprovechar una eventual Asamblea Constituyente para «vaciar la actual constitución» y dejarla «lista a la medida para las empresas mineras», eliminando artículos clave como la consulta libre e informada, la consulta popular y la prelación del agua.