La desestimación del supuesto Cártel de los Soles, equiparable al “Plan Fénix” del neoliberal Daniel Noboa; la falta de transparencia y manipulación en el proceso de entrega del permiso a la minera Dundee Precious Metals para la explotación de oro en Quimsacocha; y, el rechazo a la venta de las carteras del BIESS a través de un proyecto de ley urgente, fueron los temas abordados por el asambleísta azuayo Gerardo Machado, en diálogo con varios medios de comunicación la mañana de este martes 9 de septiembre.
Sostuvo que el mencionado cártel es lo mismo que el «Plan Fénix» y toda la estrategia de seguridad del Gobierno neoliberal, inexistente, y en este sentido criticó duramente la estrategia para combatir la delincuencia.
A pesar de las medidas implementadas, como el incremento del IVA del 12 % al 15 % para recaudar 1.500 millones de dólares; la aprobación de ocho leyes en materia de seguridad y el respaldo de la ciudadanía a las preguntas de la consulta popular, la inseguridad y la violencia persisten en el país, enfatizó. Destacó que un verdadero problema de seguridad en el país es la mafia albanesa pero no ha sido considerada como grupo terrorista por el gobierno.
Señaló que el régimen noboista ha desviado la atención del problema central al acusar a opositores políticos de estar vinculados con cárteles internacionales. Esta acusación es una represalia por haber solicitado la fiscalización de la entrega de la licencia ambiental del proyecto minero Quimsacocha, aseguró.
Expresó que la entrega de la licencia ambiental para ese proyecto minero (Loma Larga), que afecta a la provincia de Azuay, ha generado un profundo descontento. Criticó la falta de transparencia del proceso y cuestionó que la reunión de la Comisión Ambiental, presidida por la legisladora noboísta cuencana, Camila León, para abordar el tema, haya sido convocada para Quito y no en Cuenca.
Además rechazó que los participantes de dicha reunión sean mayoritariamente personas afines a la minería, incluyendo directivos de la empresa extranjera Dundee Precious Metals y técnicos previamente contratados por la misma compañía.
Precisó que esta reunión no tiene peso jurídico pues no se invitó a las comunidades, a los ambientalistas ni a los líderes que han luchado por la defensa del agua, a pesar de que existe un informe técnico que indica que la explotación minera en la zona incumple varios artículos de la Constitución. La ciudadanía de Cuenca y Azuay ha convocado a una gran marcha en defensa del agua para el próximo 16 de septiembre, lo que refleja la escalada de la tensión en la región.
Rechazo a la posible venta de carteras del BIESS
En este tema, Machado respaldó el rechazo de las organizaciones de jubilados ante la intención del gobierno de vender las carteras del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Destacó que el BIESS es un banco propiedad de los afiliados y jubilados, no del gobierno, y que sus activos superan los $12.330 millones, distribuidos en préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios.
Advirtió que esta medida podría ser un intento de utilizar los recursos de los afiliados y jubilados para cubrir la deuda histórica que el Estado tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la cual supera los 22.000 millones de dólares. La posible venta de estas carteras sería un primer paso hacia la privatización del seguro social.