La nueva Asamblea Nacional tiene la obligación de iniciar un juicio político contra Diana Salazar, no solo por el plagio de su tesis y documentos que la llevaron al cargo actual, sino también por el uso indebido de la Fiscalía General, expresó Angélica Porras, jurista e integrante de Acción Jurídica Popular.
“El plagio es un elemento pequeño que muestra su calidad ética y de estudiosa en el Derecho Penal, pero el funcionamiento de la Fiscalía muestra que es pésima para perseguir un delito”, sostuvo la abogada, citada por Radio Pichincha.
Criticó que Diana Salazar se autoelogie hablando de los correístas que procesó penalmente y que metió a la cárcel, mientras que de otro lado no ha investigado ningún caso de corrupción del régimen de Lenín Moreno y mucho menos ha procesado a alguien por las denuncias de la mafia albanesa y la muerte de Rubén Cherres, que salpican al gobierno de Guillermo Lasso.
“Sus actuaciones son selectivas y sus argumentos son pobres, como por ejemplo el influjo psíquico o que da lo mismo una intención a un acto”, remarcó.
Para la jurista, la fiscal Diana Salazar se está quedando sola, pues todo avisora que el nuevo Gobierno no la apoyará, ya que tanto Daniel Noboa como Luisa González, no muestran interés por protegerla.
“Noboa, que representa la derecha de este país, incluso dijo que iba a pedir ayuda a Estados Unidos, Israel y España para crear una Central de Inteligencia”, aseveró.
Recordó que la misma presencia del FBI en el país, por el asesinato de Fernando Villavicencio, representa la poca confianza que existe sobre la Fiscalía y su ineficacia.
Veeduría internacional
Angélica Porras calificó como poco responsable la respuesta de Diana Salazar sobre el informe que elaboraron académicos internacionales respecto a su tesis, su artículo científico de 2021 y el libro que le sirvió como base para obtener una calificación de méritos y llegar a ser fiscal.
“En lugar de usar el argumento en contra de lo que decimos, lo que hace es amenazar a las personas”, agregó.
Porras detalló que la comisión académica internacional estuvo conformada por Juan Carlos Carbonell, Marco Aparicio Wilhelmi y Fernando Flores Giménez, todos ellos son docentes titulares de derecho penal y constitucional que laboran en diferentes universidades de España y han publicado en revistas internacionales de alto nivel.
“Las conclusiones dicen que hay plagio en la tesis y en el artículo científico (…) Respecto al libro señalan que no cumple con estándares mínimos para ser considerado un libro de carácter académico”, explicó. El informe desprestigia enormemente a la Universidad Central, a la justicia y al país.