Diversas organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Cuenca hicieron público un pronunciamiento dirigido a las y los asambleístas de la Asamblea Nacional, en el que expresan su profunda preocupación por los efectos que podría generar la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el sistema de protección social municipal.
Las organizaciones advierten que esta reforma no constituye únicamente un ajuste técnico o contable, sino que puede provocar un debilitamiento estructural de los programas sociales que actualmente sostienen a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Al redefinir qué se considera inversión prioritaria y excluir a los programas sociales municipales, se pone en riesgo una red integral de cuidado construida durante años.
Actualmente, con presupuesto municipal, funcionan en Cuenca comedores comunitarios, entrega de kits alimenticios, casas de acogida para niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, programas de atención psicológica y legal, proyectos de primera infancia, servicios para personas adultas mayores, atención especializada para personas con discapacidad y neurodivergencias, formación para el trabajo, programas de emprendimiento para mujeres, atención a personas en movilidad humana, redes de salud sexual y reproductiva, unidades quirúrgicas móviles en zonas rurales, así como juntas y consejos cantonales que dictan y coordinan medidas de protección inmediatas.
Las organizaciones señalan que más de 20.000 personas reciben atención directa y más de 50.000 se benefician de manera indirecta, recordando que detrás de cada cifra existen historias reales de familias que dependen de estos servicios como su único respaldo.
“El debilitamiento de estos programas no tendrá consecuencias técnicas, sino humanas. Cuando la prevención desaparece, la violencia aumenta; cuando el acompañamiento se reduce, el abandono crece; y cuando la respuesta institucional se debilita, el costo lo asume toda la sociedad”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, recuerdan que la Constitución de la República, en su artículo 35, establece la atención prioritaria y especializada a los grupos de atención prioritaria, lo cual constituye un mandato constitucional que no puede subordinarse a una clasificación contable del gasto público.
Las organizaciones aclaran que no se trata de oponerse a la inversión en infraestructura o servicios básicos, sino de advertir que el desarrollo no puede medirse únicamente en cemento y obras físicas, sino también en la capacidad del Estado y de los gobiernos locales para proteger la vida y la dignidad de quienes más lo necesitan.
Finalmente, hacen un llamado a las y los asambleístas para que corrijan el texto de la reforma e incluyan de manera expresa a los programas sociales municipales dentro del gasto computable prioritario, evitando que una reforma administrativa se convierta en un retroceso social.
“El verdadero desarrollo se mide en dignidad. No desfinancien la vida”, concluye el pronunciamiento, advirtiendo que la ciudadanía sabrá identificar las responsabilidades políticas si el sistema de protección social se ve debilitado.