La votación fue aplastante: 186 países a favor, solo 2 en contra. Desde Afganistán hasta Zimbabwe, desde China hasta toda Europa, todos votaron sí. La resolución A/RES/76/166 declaraba que el hambre es «una violación de la dignidad humana» y que todos tienen derecho a no pasar hambre.
Estados Unidos argumentó que el «derecho a la comida» no tiene definición en la ley internacional y que podría justificar «proteccionismo» que afectaría sus exportaciones agrícolas (son el mayor exportador mundial). También dijeron que reconocerlo podría afectar sus derechos de propiedad intelectual sobre tecnología agrícola.
Israel no dio explicaciones oficiales, pero expertos señalan que tenía un bloqueo sobre Gaza en ese momento. Aceptar el derecho a la comida los hubiera puesto inmediatamente en violación de ese acuerdo. También suele votar con EEUU en bloque geopolítico.
La resolución también reafirmaba que usar el hambre como arma de guerra está prohibido por el derecho internacional. «Es prohibido atacar, destruir o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, cultivos, ganado, instalaciones de agua potable…»
Mientras 811 millones de personas enfrentan hambre en el mundo, los únicos dos países que se opusieron a reconocer la comida como derecho humano son curiosamente los mismos que hoy enfrentan críticas por restricciones alimentarias en conflictos actuales.
Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes. Son declaraciones de principios y posiciones de la comunidad internacional. Esto significa que aunque fue aprobada, no hay mecanismos de enforcement obligatorio.
El verdadero impacto está en:
- La presión diplomática y moral sobre los países
- Su uso como base para tratados futuros vinculantes
- Su influencia en cortes internacionales y organizaciones humanitarias
- El aislamiento político de los países que votaron en contra
Así que sí se aprobó, pero como muchas resoluciones de la ONU, su poder es más simbólico y político que legalmente coercitivo.