Se va a remover el equivalente a 75 estadios del Deportivo Cuenca, de roca, pero únicamente la minera va a extraer el equivalente a una tribuna de oro.
En forma definitiva, y con contadas excepciones calculadas, Cuenca le dice un NO rotundo a la explotación de oro en Quimsacocha por parte de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, autorizada por el gobierno del derechista Daniel Noboa, al margen del orden constitucional y de todo procedimiento legal.
En cascada, una tras otra las organizaciones sociales, indígenas y de defensa del medio ambiente, los asambleístas comprometidos, los Gobiernos locales, vienen pronunciando su condena al gobierno nacional por atentar contra las fuentes de recarga hídrica de Cuenca.
La protesta ciudadana centra su argumentación en los riesgos de contaminación y en la defensa de la voluntad popular expresada en las consultas populares de 2021 y 2024, en las que la ciudadanía rechazó la minería.
Más de 90 organizaciones han exteriorizado su alerta y oposición firme a la malhadada decisión del régimen neoliberal, cuya ministra del área ambiental, Inés Manzano, inclusive se aventuró a calificar de mentiroso el informe de una de las empresas públicas de mayor seriedad y prestigio a nivel local y nacional, Etapa Ep, que alertó de los daños irreversibles que ocasionaría el proyecto minero. Lamentablemente la afrenta sigue respaldada por el silencio cómplice de los asambleístas azuayos de ADN, Adrián Castro, Camila León y Antony Becerra.
Entre las organizaciones que han hecho público sus pronunciamientos están la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Enfermeras y Enfermeros, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Ingenieros Eléctricos, Cámara de Consultoría de Cuenca, Colegio de Abogados del Azuay, Universidad de Cuenca, Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, Cámara de Transportes de Cuenca, la Asociación Hotelera del Azuay la Iglesia Católica de Cuenca, la Asociación de Trabajadores de los Medios de Comunicación del Azuay (TMCA),la Asociación de Recicladores de Cuenca.
Recientemente la empresa minera envió al Concejo Cantonal de Cuenca el “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de Gran Minería para las Fichas de Explotación y Beneficio” que contiene 57 archivos voluminosos e información general con la que pretende justificar la idoneidad del proyecto.
Los concejales de la Revolución Ciudadana, Mónica Pesántez, Román Carabajo, Iván Abril y Manuel Alvarado se negaron a revisar el documento, instando a la minera a no insistir en proyectos extractivos que atentan contra la vida y la salud de los cuencanos. Del resto de concejales no se pudo establecer sus posiciones.
Estimados/ as ciudadanos/ as. Está es mi respuesta al Gerente de la empresa minera Dundee Precious Metals sobre el “Plan de Manejo Ambiental para la fase de explotación y beneficio del Proyecto Loma Larga” remitido a mi despacho. No a la minería, si al agua y a la vida. pic.twitter.com/6zgWWvmXSi
— Iván Abril (@IvanAbrilRC) August 25, 2025
En forma paralela, el alcalde Cristian Zamora ordenó el retiro inmediato de varias gigantografías colocadas en vallas en diferentes sectores de la ciudad haciendo publicidad de los supuestos beneficios del proyecto.
En el ámbito legal, el activista y excandidato presidencial, Yaku Pérez, junto a representantes de varias comunidades, presentó en la Fiscalía General del Estado, en Quito, una denuncia penal en contra del presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y la empresa minera Dundee Precious Metals, por presunto cohecho y tráfico de influencias.
.@yakuperezg, excandidato presidencial presentó en la Fiscalía #Quito una denuncia penal en contra del presidente de la República Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y la empresa minera Dundee Precious Metals, por presunto cohecho y tráfico de influencias.@foazuay93 pic.twitter.com/xPAMzR8v6C
— Thelos_Ec – Ruta Informativa (@rutainformariva) August 26, 2025
Para el martes 16 de septiembre está convocada una marcha general en la ciudad de Cuenca, desde las 09h00, tras lo cual, varias organizaciones han anunciado el inicio de un paro indefinido, incluido el cierre de vías, para obligar al gobierno el abandono definitivo del proyecto minero.
El informe contundente
La tarde y noche del martes 8 de julio se reunió en el Teatro Sucre, en Cuenca, la Asamblea Ciudadana por el Agua, con la presencia de autoridades, líderes ciudadanos organizaciones ambientalistas, comunidades urbanas y rurales y el arzobispo de Cuenca, monseñor Marcos Pérez.
En la cita, con un lleno total, el subgerente ambiental de Etapa Ep, Rigoberto Guerrero, presentó el informe elaborado por los investigadores Pablo Mosquera y Sandra Barros, en base al análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental y de múltiples peritajes técnicos. El informe advierte sobre los graves riesgos que la explotación minera del proyecto Loma Larga representa para el páramo de Quimsacocha y para el abastecimiento de agua de Cuenca y sus comunidades rurales.
De acuerdo a la presentación, el área nacional de recreación Quimsacocha, ubicada al suroeste de la ciudad de Cuenca e integrada en la Reserva de Biosfera del Macizo del Cajas, se encuentra a tan solo 300 metros del yacimiento minero. Este ecosistema de páramo, fuente vital de los ríos Tarqui y Yanuncay, que abastecen de agua potable y de riego a miles de familias de Cuenca, se encuentra en grave peligro.
Según el informe, el proceso de explotación minera no se limitaría a la extracción de oro, sino que implicaría la instalación de un complejo industrial a gran escala en plena zona de recarga hídrica. Esto significaría triturar roca con presencia de metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cobre y níquel, dejando tras de sí relaves tóxicos y contaminantes.
“Se va a remover el equivalente a 75 estadios del Deportivo Cuenca, de roca, pero únicamente la minera va a extraer el equivalente a una tribuna de oro. es decir, 75 estadios del Deportivo Cuenca en equivalente de contaminación quedará en Quimsacocha”, alertó el técnico.
El agua en disputa
La minera ha declarado que recirculará 170 litros por segundo de agua para sus operaciones, pero solo solicitó oficialmente un derecho de uso de 22,7 litros. Esta contradicción, sumada a la insuficiente capacidad de la planta de tratamiento propuesta (38 litros por segundo), plantea interrogantes sobre el destino de más de 130 litros de agua cargados de metales pesados.
Para los expertos, este exceso de aguas contaminadas podría terminar en los ríos Portete, Bermejos o en la quebrada Lumbre, afectando a comunidades como Irquis, Victoria del Portete y Baños, todas dependientes del agua para consumo y producción agrícola.
Investigaciones recientes de la Universidad de Cuenca confirman que el subsuelo de Quimsacocha está formado por un manto rocoso agrietado, lo que permite la interacción entre aguas superficiales y subterráneas hasta 200 metros de profundidad. Esto implica que la infiltración de contaminantes en las galerías mineras puede extenderse rápidamente a las fuentes de agua que abastecen a toda la ciudad.
Un futuro incierto
El informe recuerda que la Constitución del Ecuador (artículos 406 y 407) prohíbe la minería en zonas de recarga hídrica. Sin embargo, la concesión del proyecto Loma Larga, junto con más de 60 mil concesiones mineras registradas en el cantón, amenaza con abrir la puerta a una cadena de explotaciones de gran escala.
El documento presentado concluye que la minería en Quimsacocha no representa un buen negocio para Cuenca, implica daños irreversibles al ecosistema, riesgo de contaminación de fuentes hídricas, costos en salud pública y la pérdida del derecho humano al agua. (Ver el informe completo)
La verdad les salta a la cara
En la mencionada asamblea, utilizando términos fuertes, el jurisconsulto, académico, ex concejal y ex vicealcalde de Cuenca, Carlos Castro Riera, padre del asambleísta azuayo por ADN, Adrián Castro, denunció el “contubernio pernicioso, corrupto entre el Estado y la empresa minera”
Recordó que en la consulta popular de 2021, más del 80% de los votantes (348 mil personas) prohibieron las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay. Este pronunciamiento fue considerado una expresión de soberanía popular que, según los líderes sociales, ninguna autoridad administrativa o judicial debería contradecir.
A pesar de ello, en una “tomadura de pelo a todos los habitantes del Cantón Cuenca”, la empresa minera ha persistido en su intención de explotar la zona, lo que llevó a la comunidad de Escaleras y organizaciones campesinas a presentar una acción de protección constitucional. La Corte Provincial del Azuay determinó que hubo violaciones a los derechos humanos al agua, a la conservación de ecosistemas y al orden de uso del recurso hídrico, dictando cuatro medidas de protección:
- Informe del estado actual del área de recreación Quimsacocha.
- Informe conjunto sobre sustentabilidad hídrica elaborado por Etapa.
- Consulta previa, libre e informada a la comunidad de Escaleras.
- Consulta ambiental en la zona del proyecto.
Sin embargo, con un “descaro total”, el Estado y la empresa minera no cumplieron estas medidas: el informe del Ministerio del Ambiente fue incompleto y superficial; no se elaboró el informe conjunto con Etapa; se montó un “simulacro artificioso, impúdico, antiético” para justificar una consulta previa en la comunidad de Escaleras, con presencia policial, sin participación real de la comunidad.
Además, en una “actitud delincuencial, a hurtadillas, como los delincuentes más avezados”, realizaron la consulta ambiental en fechas de un feriado de Cuenca y con apenas pequeños grupos campesinos, lo que fue denunciado como un intento de farsa para legitimar el proyecto.
En ese sentido, el jurista felicitó la reacción de los colectivos, recalcando que la lucha de Cuenca es histórica, transversal y respaldada por barrios urbanos, comunidades rurales, gremios, academia y organizaciones sociales, dado que la minería amenaza la soberanía hídrica, el equilibrio de los ecosistemas y la vida de la ciudad y el campo.
El dilema planteado al gobierno nacional es claro: estar del lado de las empresas mineras o del pueblo de Cuenca y su derecho al agua, enfatizó. (Ver la intervención completa)