Gerardo Machado (I) y Roque Ordóñez, asambleístas del Azuay, se refieren a varios temas del ámbito legislativo.

Asambleístas azuayos de la Revolución Ciudadana dieron en Cuenca un informe, la mañana de este lunes 16 de junio, de su primer mes de actividades legislativas poniendo como preocupación general la aprobación de leyes permisivas al Gobierno y lesivas de los derechos ciudadanos, impidiendo la participación en los debates a la bancada de la RC que representa el 44% de la Asamblea Nacional.

Roque Ordóñez condenó la “impunidad” que la Comisión de Fiscalización le otorgó al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al archivar el pedido de juicio político realizado por el asambleísta Héctor Valladares por el presunto incumplimiento de funciones en el caso de la desaparición, tortura y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, por el que son juzgados 16 militares.

Otra de las preocupaciones citadas por el legislador es la “arremetida” del Gobierno imponiendo la explotación minera en las fuentes de recarga hídrica, concretamente en Quimsacocha, en el caso de la ciudad de Cuenca.

Recordó que, en 2021, cerca del 90% de los cuencanos dijo no a la minería en las fuentes hídricas, en ese sentido, conjuntamente con los concejales de la RC se encuentran vigilantes para defender el pronunciamiento mayoritario.

Gerardo Machado se refirió a las recientes leyes de Solidaridad y de Inteligencia que no eran necesarias para la presunta lucha contra la delincuencia organizada, y más bien atentan contra las libertades y la democracia dado que oficializan el espionaje a los opositores al gobierno, al margen de la legalidad.

Para el combate a la delincuencia se le ha dado todo al presidente Daniel Noboa, decretó ocho estados de emergencia; la Asamblea le aprobó las leyes necesarias; en la Consulta Popular que costó 60 millones de dólares la población le aprobó todas las preguntas referentes a la seguridad; subió el IVA del 12% al 15% obteniendo más de 1.500 millones de dólares, de los cuales apenas 300 millones los destinó al objetivo, sostuvo el legislador.

Por otro lado, Machado indicó que se trata de reactivar la Ley de Defensa del Consumidor dando a la Defensoría del Pueblo las herramientas necesarias para impedir los abusos del Estado y del sector privado en la provisión de servicios y bienes a los consumidores.

Maniobras en el sector energético

Respecto al sistema energético, el asambleísta denunció maniobras orientadas a colapsar la central térmica de El Descanso en beneficio de sectores privados, elevando el precio del kilovatio hora.

Precisó que la central térmica tiene una capacidad de generación de 20 megavatios, a cuatro centavos el kilovatio, y se requiere una inversión de un millón de dólares para ponerla en servicio, en más o menos seis meses.

Sin embargo, a la generadora que está a cargo de Elecaustro le han paralizado a propósito, quitándole todos los técnicos, y en su lugar han implementado cuatro generadores, junto a la central térmica, con una “inversión” de decenas de millones de dólares para que produzcan electricidad a un costo de 10 centavos el kilovatio hora. En la actualidad se esté recabando la información necesaria para iniciar el proceso de fiscalización, anunció Gerardo Machado.

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