La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), UNAGUA y los Defensores del Agua del Azuay y Cañar presentaron la mañana de este martes 3 de marzo ante la Corte Constitucional del Ecuador la primera demanda de inconstitucionalidad, a nivel nacional, contra la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía”, por considerar que vulnera derechos colectivos y principios constitucionales fundamentales.
Las organizaciones denunciaron que esta reforma es ecocida, porque elimina la licencia ambiental en las fases de prospección y exploración y, con ello, suprime el plan de manejo ambiental y debilita los estudios de impacto ambiental. Además, en la práctica, deja sin efecto la consulta previa, libre e informada, afectando directamente a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Es también neocolonizadora, porque crea “clústeres mineros” que concentran infraestructura y control territorial en favor de empresas extractivas, configurando espacios con reglas especiales al servicio de las transnacionales.
Es guerrerista, porque permite la militarización de territorios mediante la figura de “Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica”, colocando a las Fuerzas Armadas como custodias de intereses mineros en zonas donde habitan comunidades campesinas e indígenas.
Y es vende patria, porque reduce regalías y limita la participación justa del Estado en los beneficios de los recursos naturales, profundizando un modelo extractivo que no garantiza bienestar para la población.
La demanda sostiene que la ley fue aprobada sin consulta prelegislativa, incumpliendo el artículo 57 numeral 17 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, vulnerando el principio de no regresividad y derechos como el acceso al agua, a un ambiente sano y a la soberanía alimentaria.
“Nuestra lucha no va a terminar nunca. No podemos permitir que nuestros páramos, nuestros humedales y nuestra Pachamama sean vulnerados por la ambición de las transnacionales”, afirmó Lauro Sigcha, presidente de la FOA.
Por su parte, Yaku Pérez, coordinador de la FOA, señaló que la reforma contiene más de 24 vulneraciones constitucionales y reiteró que la defensa del agua es un deber histórico de los pueblos.
Las organizaciones exigieron que la Corte Constitucional actúe con independencia y garantice el respeto a la Constitución.